El Parlamento de Israel aprobó ayer una ley que autoriza la pena de muerte para palestinos condenados por asesinar a israelíes, una medida que ha recibido fuertes críticas de la comunidad internacional y grupos defensores de los derechos humanos, que la califican de discriminatoria e inhumana, y fue denunciada por la Autoridad Nacional Palestina como un intento de “legitimar las ejecuciones extrajudiciales”.
La aprobación del proyecto marcó la culminación de un impulso de años por parte de la extrema derecha de Israel para endurecer el castigo a los palestinos condenados por delitos de carácter nacionalista contra israelíes. El primer ministro y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, acudió a la Cámara para votar en persona.
La ley convierte la pena de muerte –por ahorcamiento– en el castigo por defecto para los palestinos de Cisjordania reocupada condenados por perpetrar ataques mortales considerados actos de “terrorismo”. También otorga a las cortes israelíes la opción de imponer la pena de muerte a ciudadanos israelíes condenados por cargos similares, una redacción que, según expertos legales, prácticamente limita este tipo de sentencias a ciudadanos palestinos de Israel y excluye a ciudadanos judíos.
La medida no se aplicará de manera retroactiva a ninguno de los presos que Israel mantiene detenidos actualmente, incluidos los combatientes liderados por Hamas que irrumpieron en el país el 7 de octubre de 2023, que detonó la guerra Israel contra la franja de Gaza, en la que han sido asesinados más de 72 mil palestinos.
Después de la votación final de 62-48, los legisladores ovacionaron de pie la decisión. Netanyahu, quien permaneció en su asiento, no mostró reacción ni dio declaraciones.
El combativo ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien impulsó la legislación, blandió una botella en señal de celebración.
La legislación, que entraría en vigor en un plazo de 30 días, sin duda enfrentará impugnaciones legales que podrían frenar su implementación.
En cuestión de minutos, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel anunció que presentó un recurso ante el máximo tribunal de Israel para impugnar la ley. Calificó la medida de “discriminatoria por diseño” y aseguró que fue promulgada “sin autoridad legal” sobre los palestinos de Cisjordania reocupada, que no son ciudadanos israelíes.
Amichai Cohen, investigador principal del Centro de Valores e Instituciones Democráticas del Instituto Democracia de Israel, señaló que, según el derecho internacional, el Parlamento israelí no debería legislar en Cisjordania reocupada, el cual no es territorio soberano israelí.
Muchos integrantes de la coalición de extrema derecha de Netanyahu buscan anexar Cisjordania a Israel.
Gilad Kariv, del Partido Laborista, condenó la disposición que establece que no se requiere un fallo unánime para imponer la pena de muerte. “Una ley en la que una persona puede ser condenada a muerte sin una condena unánime. ¿Consideran esto justo? ¿Es esta la santidad de la vida que nos ha enseñado la tradición israelí?”, preguntó.
La iniciativa contraviene el derecho internacional, agregó, y corre el riesgo de convertir a soldados israelíes y custodios de prisiones en “criminales de guerra en contra de su voluntad”, argumentó.
Algunos, como Aida Sliman de Hadash –el partido político judío-árabe de izquierda– salieron de la Cámara antes de que concluyera la votación.
“Naturaleza sanguinaria”
Los ministros de Relaciones Exteriores de Australia, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia difundieron antier una declaración en la que hicieron un llamado a Israel a dejar de lado sus planes de aprobar la medida, la cual calificaron como “discriminatoria de facto”, y afirmaron que la pena de muerte era poco ética y no tenía “efecto disuasorio” .
Aunque Israel técnicamente contempla la pena de muerte en su legislación como posible castigo por actos de genocidio, espionaje en tiempos de guerra y ciertos delitos de terrorismo, el país no ha ejecutado a nadie desde el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en 1962.
Hamas estimó a su vez que de la nueva legislación confirma “la naturaleza sanguinaria de la ocupación” israelí, basada en “la matanza y el terrorismo”.
El Departamento de Estado señaló que “Estados Unidos respeta el derecho soberano de Israel a determinar sus propias leyes y las penas para las personas condenadas por terrorismo”.
