La fiscalía estadunidense ha presentado una acusación por narcotráfico en contra del actual gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, así como otros nueve funcionarios estatales. Las autoridades norteamericanas aseguran que el mandatario estatal y los oficiales del estado colaboraron con el Cártel de Sinaloa para enviar droga a los Estados Unidos.
De acuerdo con el documento judicial, los señalados enfrentan cargos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. Las autoridades estadunidenses sostienen que los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar la distribución de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos.
“Para proteger y que creciera su imperio de tráfico de drogas, se presume que el cártel ha colaborado con políticos corruptos y autoridades, incluyendo a los acusados, quienes han abusado de su autoridad para dar apoyo al cártel, han expuesto y sujetado a víctimas a amenazas y violencia y han vendido sus cargos a cambio de sobornos masivos. De hecho, ciertos oficiales de policía en México, incluyendo como se presume, a ciertos de los acusados, han participado directamente en la violencia y revanchas del cártel, incluyendo el asesinato de enemigos del cártel y asesinatos de individuos en México que se sospechaba que cooperaban con autoridades de EU en esta investigación”, señala Washington.
Autoridades federales de Estados Unidos señalaron que el grupo criminal conocido como Los Chapitos habría intervenido en el proceso político que llevó al poder al actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mediante presuntas acciones de intimidación y secuestro contra rivales políticos.
De acuerdo con el señalamiento, Rocha Moya asumió la gubernatura el 1 de noviembre de 2021 tras una elección en la que, según la acusación, integrantes del grupo delictivo habrían contribuido a su victoria. Entre las acciones descritas se encuentran la coacción de opositores para influir en el resultado electoral.
Las autoridades estadunidenses también sostienen que, antes y después de asumir el cargo, el mandatario estatal habría participado en reuniones con miembros de la organización criminal, en las que presuntamente acordó brindar protección a sus operaciones a cambio de apoyo político.
Según estas versiones, ya como gobernador, Rocha Moya habría permitido que el grupo operara con impunidad en el estado, facilitando la distribución de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos.
Hasta el momento, no se han difundido respuestas oficiales del mandatario ni de su administración respecto a estos señalamientos, los cuales forman parte de acusaciones presentadas en cortes estadunidenses y que deberán ser probadas en el marco del debido proceso.
El proceso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial sobre estos señalamientos.
