Trece días antes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos formales de narcotráfico en su contra, el gobernador Rubén Rocha Moya envió al Congreso de Sinaloa una iniciativa para modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.
La propuesta, fechada el 16 de abril de 2026, elimina el acceso ciudadano a las bitácoras de vuelos oficiales, amplía los supuestos bajo los cuales el gobierno puede negar información sobre investigaciones de corrupción en curso y transfiere al propio Poder Ejecutivo las funciones del organismo autónomo que hoy garantiza el derecho a saber en Sinaloa.
Organizaciones civiles la califican como un intento de blindar la gestión de Rocha Moya ante cualquier revisión futura, sobre todo ahora que están en la mira de EEUU.
Rocha Moya pidió licencia el 2 de mayo de 2026 y desde entonces Yeraldine Bonilla Valverde ocupa la gubernatura interina. Fue Bonilla, entonces secretaria general de Gobierno, quien firmó el envío de la iniciativa al Congreso.
¿Qué propone la iniciativa y por qué preocupa?
La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa revisó punto por punto el texto de la iniciativa y encontró 20 aspectos preocupantes. Entre los más graves: el gobierno podría negarse a mostrar facturas y recibos que demuestren en qué gastó el dinero público; se amplían los pretextos para no entregar información, como invocar la seguridad nacional o la estabilidad financiera; y el plazo para responder a quien solicite información se extendería.
La ley vigente en Sinaloa permite solicitar los registros de vuelos en aeronaves oficiales o rentadas con recursos públicos: quiénes viajaron, con qué tripulación, hacia dónde y con qué objetivo. La iniciativa de Rocha Moya borra esos apartados por completo.
Lucía Mimiaga León, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, lo señaló en entrevista con Aristegui en Vivo: “Estos apartados simplemente se borraron de la iniciativa del gobernador. Este ya es un retroceso que podemos medir muy fácilmente”.
El dato adquiere peso por señalamientos recientes. El periodista Jorge García Orozco difundió en su cuenta de X que los hijos del gobernador —Rubén, José y Ricardo Rocha Ruiz— habrían viajado en aeronaves privadas junto al exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, uno de los diez funcionarios acusados por Estados Unidos. Cada vuelo habría costado más de 500,000 pesos.
Sobre las investigaciones de corrupción, la ley actual permite dar seguimiento a expedientes abiertos contra servidores públicos. La propuesta agrega la palabra “acreditados” al artículo que regula esa información. Con ese cambio, un ciudadano solo podría acceder a datos sobre actos de corrupción ya concluidos y probados, no a casos en proceso.
Sinaloa fue una de las primeras entidades del país en incluir a los partidos políticos como sujetos obligados en materia de transparencia. La iniciativa de Rocha Moya elimina esa obligación.
Bajo la ley vigente, los partidos deben publicar contratos, convenios, montos de financiamiento, listado de aportantes, tabuladores salariales, estados financieros e inventarios patrimoniales, entre otros datos.
Aunque la iniciativa avanzó con rapidez tras ser presentada el 16 de abril —recibió primera lectura cinco días después y posteriormente fue turnada a comisiones—, hasta ahora no ha sido votada por el pleno del Congreso de Sinaloa. Actualmente permanece en fase de dictaminación en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana.
