La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar la elección judicial de 2027 a 2028 y establecer nuevas reglas contra la injerencia extranjera en comicios, con341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones. La votación alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.
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El bloque oficialista —Morena, PVEM y PT— sostuvo la mayoría sin fisuras en lo general, aunque la diputada del PT Martha Aracely Cruz votó en contra, en contraste con la exministra y diputada morenista Olga Sánchez Cordero, quien había anunciado reservas en comisión y finalmente respaldó el dictamen.
La sesión duró más de siete horas, arrancó minutos antes de las 18:00 horas y estuvo marcada por la toma de tribuna del PRI y acusaciones cruzadas entre bancadas.
Horas antes de la votación en el pleno, la Comisión de Puntos Constitucionales la avaló con 29 votos a favor y 11 en contra. La sesión fue posible gracias a que la Comisión Permanente del Congreso convocó a un periodo extraordinario para procesar el paquete de reformas.
El cambio central de la reforma es mover la próxima elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación del 2027 al primer domingo de junio de 2028, para evitar que coincida con los comicios federales y locales de ese año, en los que se renovará, entre otras cosas, la Cámara de Diputados y se elegirán 17 gubernaturas.
La iniciativa crea una Comisión Coordinadora que homologa los criterios y metodologías de los comités de evaluación encargados de revisar los perfiles de quienes aspiren a cargos judiciales. Esa comisión incluirá exámenes de conocimiento y filtros para verificar el cumplimiento de requisitos constitucionales.
También se reduce el número de candidaturas en boleta: cada comité seleccionará los cuatro perfiles mejor evaluados por cargo, con paridad de género, y mediante insaculación se llegará a dos postulaciones por cargo.
Otro cambio que generó debate es la creación de dos secciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, figura que sustituye a las salas eliminadas por la reforma judicial de 2024 y que busca aliviar la carga de trabajo del pleno.
La reforma también modifica los plazos de cuatro magistraturas de la Sala Superior: los periodos de Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Reyes Rodríguez se amplían un año. Los magistrados que resulten electos en 2028 durarán cinco años en el cargo, en lugar de los seis años que estaban previstos originalmente.
La iniciativa abre la posibilidad de que la elección judicial de 2028 coincida con una eventual consulta de revocación de mandato presidencial, al eliminar la prohibición vigente para que ambos procesos se realicen el mismo día.
