Una grave red de omisiones, maniobras opacas y manipulación institucional ha quedado al descubierto en la delegación de la Fiscalía General del Estado en Matehuala, encabezada por Pedro Martínez Perales, tras la trágica muerte del pequeño Joel, de apenas tres años de edad.
En un flagrante acto de simulación, el propio delegado fotografió sin su consentimiento a los padres del menor —jornaleros agrícolas de origen mixteco procedentes de la sierra de Guerrero— con la clara intención de difundir la falsa narrativa de que la familia indígena pretendía negociar económicamente la vida de su hijo.
Esta actuación viciada no solo vulnera los derechos fundamentales de las víctimas y distorsiona el debido proceso, sino que evidencia un actuar institucional doloso que favoreció abiertamente la impunidad al mantener retenidos a los padres en las oficinas ministeriales mientras, paralelamente y a sus espaldas, los tribunales otorgaban la libertad al presunto responsable del homicidio imprudencial, dejando en indefensión absoluta a una familia migrante y trabajadora que únicamente exigía revisar la carpeta de investigación.
Frente a este descarado atropello institucional, don Vicente, padre del menor fallecido, rompió el silencio para encarar la manipulación de las autoridades y exigir un cese al atropello contra su dignidad:
“Pedro Martínez Perales nos tomó a escondidas una fotografía para decir que estábamos negociando, nos la tomó sin nuestro consentimiento” dijo Vicente.
Agregó que “la reunión fue a petición de nuestro abogado Ricardo Sánchez García porque Juan Antonio López no nos prestaba la carpeta de investigación para ver los avances”.
El señor jornalero dijo que piensa que el delegado de la Fiscalía lo hizo a propósito,
“Pues nos entretuvieron en la Fiscalía mientras en los juzgados liberaban al señor Toribio que atropelló a nuestro hijo. Nosotros somos personas trabajadoras, nos movemos en familia siempre, no hacemos daño a nadie y no pedimos dinero regalado.El accidente fue lamentable para todos, ni siquiera el señor que lo atropelló lo hizo a propósito, pero quienes sí están actuando mal son los hijos del señor, que seguramente ofrecieron dinero a las autoridades para que saliera libre su papá”.
Ante la evidente corrupción y la desatención intencionada hacia las comunidades originarias, se exige de manera categórica e inmediata a la Fiscal General del Estado, Manuela García Cázares, que ordene una investigación exhaustiva y de fondo sobre el personal adscrito a la delegación de Matehuala para deslindar responsabilidades administrativas y penales.
Don Vicente cuestionó la efectividad tardía de las investigaciones ministeriales que únicamente buscan simular trabajo cuando el daño procesal ya está consumado:
“Ayer vinieron unos policías de investigación a preguntarnos cómo fue el accidente, pero eso debió ser mientras estaba detenido el señor Toribio, no ahora que ya está libre.”
Señaló “salimos a ganarnos el pan nuestro con la ayuda de Dios y de las empresas que nos contratan, y no es justo que usen su poder para engañarnos”.
Es imperativo que la titular de la FGE sancione a los funcionarios involucrados y garantice la imparcialidad que se le ha negado a esta familia de la sierra guerrerense.
Los hechos que originaron esta cadena de arbitrariedades ocurrieron el pasado sábado 25 de julio en la comunidad de Estación Catorce, donde la familia de don Vicente laboraba honestamente en los campos agrícolas del Altiplano potosino.
En un trágico e instantáneo suceso, el pequeño Joel, de tan solo tres años y siete meses de edad, perdió la vida tras ser arrollado de forma accidental por el remolque acoplado a una camioneta que transportaba caballos, conducida por el señor Toribio.
La abrupta muerte del infante conmocionó a los pobladores y dejó devastada a una familia migrante lejos de su tierra natal, cuyo dolor legítimo hoy se ve agravado e indignado por la maquinación de las autoridades encargadas de procurar justicia, quienes prefirieron proteger los intereses del agresor antes que salvaguardar los derechos de las víctimas.
