México se consolidó como eje operativo de un nuevo escenario de seguridad global, donde potencias estatales autoritarias de Europa, Asia y Oriente Medio se alían con redes del crimen organizado.
De acuerdo con analistas del Centro para el Estudio de la Democracia (CSD, por sus siglas en inglés), regímenes como Rusia, China e Irán utilizan de manera sistemática a los cárteles mexicanos, medios de comunicación y políticos como instrumentos de su proyección geopolítica para vulnerar la seguridad de Occidente y contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región.
En el informe Alianzas en la sombra: Potencias autoritarias y el nexo de la guerra híbrida en América Latina, que han presentado a la Casa Blanca, los analistas Martin Vladimirov, Sara Gálvez y Brendon Zhan detallan que la frontera tradicional entre las actividades diplomáticas legítimas del Estado y los actores criminales ha sido deliberadamente disuelta, lo que permite a las potencias autoritarias avanzar en objetivos de desestabilización política, penetración de inteligencia, ciberespionaje y operaciones financieras complejas, minimizando el costo diplomático directo y aprovechando las capacidades territoriales de las mafias locales.
Por ejemplo, para consolidar la infraestructura en el terreno, las redes estatales rusas operan en coordinación transaccional con las dos principales organizaciones delictivas de México.
China controla la cadena de suministro global de precursores químicos para la manufactura ilícita de fentanilo y metanfetaminas, mientras que Irán aprovecha para el contrabando de componentes de doble uso y sistemas informáticos de navegación aérea.
Usar a las organizaciones delictivas, a los medios de comunicación y a políticos del país para contrarrestar la influencia de EU en la región es el plan de las “potencias autoritarias”, según el Centro para el Estudio de la Democracia
La consolidación de alianzas estratégicas entre potencias estatales autoritarias de Europa, Asia y Oriente Medio y redes transnacionales del crimen organizado en América Latina ha configurado un nuevo escenario de seguridad global, en el cual México funciona como uno de los principales ejes operativos.
Para Martin Vladimirov, Sara Gálvez y Brendon Zhan, analistas del Programa Geoeconómico del Centro para el Estudio de la Democracia (CSD, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, y autores del informe Alianzas en la sombra: Potencias autoritarias y el nexo de la guerra híbrida en América Latina, que han presentado a la Casa Blanca, regímenes como Rusia, China e Irán utilizan de manera sistemática a los cárteles mexicanos, medios de comunicación y políticos de la actual administración de Morena como instrumentos de su proyección geopolítica para vulnerar la seguridad hemisférica de Occidente y contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región.
El documento del CSD establece que la frontera tradicional entre las actividades diplomáticas legítimas del Estado y los actores criminales ha sido deliberadamente disuelta. Esta “fusión híbrida” permite a las potencias autoritarias avanzar en objetivos de desestabilización política, penetración de inteligencia, ciberespionaje y operaciones financieras complejas, minimizando el costo diplomático directo y aprovechando las capacidades territoriales de las mafias locales.
El análisis de seguridad del CSD destaca de manera preferente el despliegue del aparato de inteligencia de la Federación Rusa en territorio mexicano. Tras las expulsiones masivas de diplomáticos y oficiales rusos en Europa a raíz de la invasión a Ucrania, el Kremlin redirigió de manera sustancial sus activos operativos hacia América Latina. México concentra actualmente el mayor despliegue de personal acreditado del Directorio Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (GRU) y del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) a escala global, con un incremento neto estimado de 60% en su personal oficial.
Este fortalecimiento diplomático proporciona cobertura logística y de mando a operaciones encubiertas en la frontera norte del país. Los flujos migratorios masivos han sido identificados por los analistas del CSD como un vector de penetración táctica.
Entre 2022 y 2024, se registró el ingreso a México de más de 166 mil ciudadanos rusos. Los informes de seguridad integrados detallan que aproximadamente 73 mil de ellos intentaron o concretaron el cruce irregular de la frontera estadunidense. En el marco de estos movimientos terrestres, agencias de contrainteligencia detectaron de forma directa al menos 13 agentes operativos del GRU infiltrados, encargados de establecer células de recopilación de información en territorio norteamericano.
Para consolidar la infraestructura en el terreno, las redes estatales de Moscú operan en coordinación transaccional con las dos principales organizaciones delictivas de México: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta cooperación se traduce fundamentalmente en el suministro de armamento y la transferencia de capacidades tecnológicas.
Los registros de decomisos y operaciones de las Fuerzas Armadas federales mexicanas entre 2022 y 2024 indican que 60% del armamento pesado e industrial incautado a los cárteles corresponde a manufactura de origen ruso. Los arsenales recuperados incluyen fusiles automáticos Kalashnikov de última generación, granadas de fragmentación bélica y sistemas de proyectiles antitanque portátiles de grado militar.
En el ámbito tecnológico, el informe del CSD denuncia el desvío y la adquisición por parte de los cárteles mexicanos de sistemas rusos avanzados de interceptación de comunicaciones de nivel estatal conocidos como SORM (Sistema de Medidas de Investigación Operativa), así como de software especializado de ciberespionaje militar.
