El informe mensual de la ONG Prisoners Defenders correspondiente a abril reveló la cifra inédita de 1.260 presos políticos en Cuba, consolidando un nuevo récord absoluto y detallando una escalada represiva que abarca desde torturas y amenazas de muerte hasta agresiones sexuales en prisión.
El documento subrayó que, solo en el último mes, se sumaron 23 nuevos presos políticos, entre ellos menores de edad, deportistas, artistas y periodistas independientes, al tiempo que incorporó denuncias de violencia sexual orquestada desde la administración penitenciaria y campañas de intimidación contra familiares de opositores.
El escrito, al que tuvo acceso Infobae, destacó el marco de violencia sistemática que enfrentan los detenidos por razones de conciencia, muchos de los cuales sufren patologías agravadas por la reclusión y por la negación de atención médica: 449 presos políticos presentan problemas de salud severos, en tanto que 51 padecen trastornos mentales sin acceso a tratamiento psiquiátrico adecuado.
La lista actual incluye 35 menores de edad represaliados y 142 mujeres encarceladas por motivos políticos, lo que, según la organización, refleja un fenómeno de represión de carácter estructural y transversal.
El informe retrató la intensificación de la represión en abril, resaltando la diversidad de perfiles de los arrestados y el uso recurrente de cargos como “Desórdenes públicos” o “Sabotaje” carentes de garantías legales.
Casos como el de Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como “Spiderman” y campeón cubano de artes marciales mixtas, han obtenido notoriedad. Martín fue detenido arbitrariamente tras nueve días de protesta individual en su vivienda y lo mantuvieron incomunicado antes de confirmar su confinamiento en Villa Marista, un centro temido por sus prácticas de tortura. Prisoners Defenders apuntó que las autoridades intentaron desacreditarlo aduciendo trastornos psiquiátricos, lo que fue refutado por un peritaje médico oficial.
El arresto de Andy Michel Osorio Velázquez, instructor de arte en Holguín, evidencia la criminalización de la disidencia a través de detenciones sin pruebas concretas ni proceso formal, mientras que la represión también alcanza a los familiares: el matrimonio Alexeis Serrano Águila y Delis Frómeta Suárez, en Santiago de Cuba, fue detenido tras denunciar públicamente la imposición de una multa superior al doble del salario mensual promedio en la isla (16.000 pesos cubanos). Durante su reclusión, Alexeis sufrió un grave deterioro físico y su esposa quedó en libertad bajo fianza pero bajo amenazas.
La persecución afecta igualmente a sindicalistas como Bárbaro de la Nuez Ramírez, periodistas independientes y familiares de activistas exiliados, en una dinámica donde la vigilancia, el hostigamiento y la criminalización trascienden a los círculos directos de la militancia opositoria.
El reporte documentó con nombres y fechas recientes una serie de agresiones sexuales como método de castigo sistemático en prisiones cubanas. Un caso estremecedor ocurrió el pasado 26 de abril en la prisión de Guanajay, donde un joven preso político fue víctima de abuso sexual bajo la complicidad —e incluso promoción— de funcionarios penitenciarios y oficiales de la Seguridad del Estado. El principal perpetrador, identificado como el “Gago de San José”, es un recluso común utilizado recurrentemente como instrumento de represalia.
El patrón se repite en distintos centros: en marzo de 2025, autoridades facilitaron el intento de violación contra Julián Manuel Mazola Beltrán por parte del mismo agresor, como represalia por negarse a cooperar con la Seguridad del Estado.
Un hecho similar se denunció en la cárcel de Agüica, Matanzas, donde Onaikel Infante Abreu fue violado en enero durante su encierro en una celda de castigo. La familia recalcó que el acceso al lugar solo es posible con permiso del personal penitenciario.
El informe aportó testimonios de presos políticos y familiares que revelan un alarmante aumento de amenazas de muerte: funcionarios penitenciarios advierten explícitamente que, ante una supuesta intervención militar de Estados Unidos, los prisioneros políticos serían ejecutados, lo que ha generado pánico y desprotección.
En la prisión de máxima seguridad Kilo 8 (Camagüey), el preso Daril Ochoa Manrresa relató que un oficial planteó a sus subordinados: “Había que matar a todos los presos políticos, sin excepción”. Otra víctima, Alieski Calderín Acosta, recibió amenazas personales del mayor Leonardo Suárez Rey, quien le dijo: “No te conviene que venga Trump porque te voy a eliminar; esa es la orden que hay”.
En la prisión de Guanajay, tanto Daniel Alfaro Frías como el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, recibieron advertencias de que serían fusilados con armas de fuego si ocurría una intervención extranjera; mientras que en la cárcel de Holguín, funcionarios advirtieron que serían “los primeros en ser fusilados” en caso de intervención.
Fuera del entorno carcelario, periodistas independientes como Luis Cino y líderes sociales como Berta Soler (Damas de Blanco) también han recibido amenazas, extendiendo el clima de persecución a la sociedad civil y los familiares de los detenidos.
