En una rueda de prensa realizada frente a la AntiMonumenta en la Plaza de Armas, el Centro de Derechos Humanos “Samuel Ruiz” A.C. denunció penal y administrativamente que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantuvo congelada y en total abandono la búsqueda internacional de Zoé Zuleica Torres Gómez.
El abogado Ricardo Sánchez García, presidente de la organización y defensor de la familia, anunció la presentación de una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos debido a que la autoridad estatal omitió por más de un lustro tramitar y actualizar la Ficha Amarilla ante la INTERPOL para el rastreo en Estados Unidos, además de retirar de forma negligente los espectaculares de difusión local.
Las autoridades locales incurrieron en una simulación delictiva, pues mientras en las mesas de trabajo aseguraban que las líneas de investigación continuaban abiertas, en los hechos sepultaron el trámite burocrático que permitía la colaboración bilateral con el país vecino, donde se sospecha que podría encontrarse la menor.
El litigante enfatizó de manera contundente que la obligación constitucional, el dinero y los policías para buscar corresponden exclusivamente a la Fiscalía del Estado, calificando el vacío de cinco años como una omisión dolosa de la autoridad y un fraude a la confianza. Por su parte, la señora Carolina Gómez Rocha externó el dolor y la frustración que le ha causado este engaño institucional que frena la localización de su hija, exigiendo que se castigue a los Ministerios Públicos responsables de este abandono y que las autoridades federales intervengan para reactivar de inmediato los mecanismos de difusión masiva con la progresión de edad actual de la víctima.
Zoé Zuleica Torres Gómez desapareció la medianoche del 27 de diciembre de 2015, a la edad de 5 años, en las inmediaciones del salón de fiestas “Nayaxi” en la colonia Genovevo Rivas Guillén, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Hoy, convertida en una adolescente de 15 años de edad que nació el 15 de octubre de 2010, es buscada incansablemente bajo la fuerte sospecha de haber sido víctima del delito de trata de personas, una hipótesis que la propia autoridad estatal dejó desamparada y sin seguimiento fronterizo a lo largo de un lustro.
Al cierre del encuentro, se hizo un llamado urgente y solidario a la sociedad civil y a la comunidad potosina para que no dejen de compartir la ficha forense de búsqueda en redes sociales, recordando que la ayuda ciudadana es crucial para romper el cerco de impunidad impuesto por las autoridades.
