El miércoles la Fiscalía Departamental de Santa Cruz dictó una orden de captura contra el exmandatario por presuntamente alentar la reciente ola de protestas y bloqueos de carreteras que paralizaron al país andino por más de 50 días.
No es la primera vez que la justicia boliviana ordena la aprehensión de Morales. El exgobernante izquierdista, que estuvo al frente del país entre 2006 y 2019, ha rechazado las acusaciones y denuncia que son parte de una “persecución política” impulsada por el actual gobierno del derechista Rodrigo Paz.
“Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”, escribió el expresidente, de 66 años, en su cuenta de X (antiguo Twitter).
“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo”, advirtió.
Por su parte, el gobierno de Paz refutó los señalamientos de Morales.
“No es el gobierno el que emite la orden de aprehensión, es la justicia”, declaró José Luis Gálvez, vocero del presidente Paz, al diario boliviano El Deber.
La Fiscalía boliviana señala a Morales por la presunta comisión de seis delitos: alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Solo los delitos de terrorismo y alzamiento armado que se le imputan al exmandatario contemplan penas máximas de 20 y 30 años de prisión, respectivamente, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal boliviano.
La investigación contra Morales se inició a raíz de una denuncia del Comité pro Santa Cruz, representado por su presidente, Stello Cochamanidis Garcés, a la que posteriormente se sumó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, según se lee en la orden que los medios locales han reproducido.
“Tiene que venir a explicar cuál fue su rol en los 53 días (de bloqueo de carreteras), a explicar por qué dio las declaraciones que dio, por qué se hizo responsable, porque él lo dijo, que era quien estaba a cargo prácticamente de las acciones”, indicó Gálvez.
Morales, por su parte, justificó las acciones de protesta impulsadas en rechazo contra las medidas económicas aplicadas por el gobierno de Paz, así como contra la inflación y la escasez de combustible.
“(En el pasado) con bloqueos de caminos hemos recuperado la democracia. Bloqueos de caminos han derrotado el Plan Cóndor y han derrotado a las dictaduras militares”, declaró en junio.
Y aunque ha negado que buscara forzar la salida de Paz de la presidencia, el pasado 24 de mayo Morales escribió en la red social X que el mandatario tenía solo “dos caminos” ante los conflictos, “militarizar” el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días, recordó la agencia española EFE.
Las protestas registradas entre mayo y junio no solo provocaron un agudo desabastecimiento de medicinas, combustible y alimentos en ciudades como La Paz y El Alto, sino además dejaron 22 muertos, 88 heridos y 573 arrestados, según un informe que la Defensoría del Pueblo de Bolivia presentó a principios de julio.
De acuerdo con el reporte, la mayoría de los decesos (11) ocurrieron en accidentes de tránsito registrados cuando las víctimas intentaban superar los bloqueos; tres se produjeron en enfrentamientos entre manifestantes y miembros de las fuerzas policiales y militares, y otros tres fallecieron mientras intentaban llegar a hospitales.
En 2024, la Fiscalía emitió una primera orden de captura contra Morales, esta vez por los delitos de trata y tráfico de personas, la cual fue renovada a medidados de 2025.
Según la institución, las acusaciones se originaron por la supuesta relación que el exgobernante izquierdista habría mantenido con una menor de edad durante su último mandato en 2015 y con la que supuestamente tuvo una hija.
El expresidente ha negado los hechos y, en su momento, acusó al anterior presidente del país, su antiguo aliado Luis Arce, de poner en marcha una “brutal guerra judicial”.
El juicio comenzó en mayo pasado, pero debió ser paralizado por la ausencia de Morales, quien permanece atrincherado en la región cocalera del Chapare, en el departamento de Cochabamba, su feudo político en el centro del país.
“Solo faltó que ordenen mi descuartizamiento inmediato en una plaza, como ocurría en la Colonia cuando los conquistadores castigaban severamente a los indígenas rebelados contra la opresión”, declaró en enero de 2025 cuando fue declarado en rebeldía.
Morales se encuentra resguardado por “2.000 personas, todos los días y las 24 horas”, aseguró a la agencia AFP Vicente Choque, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y uno de los hombres más cercanos al exjefe de Estado.
“Morales ha tomado los recaudos para ponerse un cerco humano y no queremos poner en riesgo la vida de las personas”, sostuvo el vocero presidencial.
