Ningún país ha querido acoger hipopótamos colombianos, descendientes de los cuatro ejemplares que el narcotraficante Pablo Escobar introdujo ilegalmente desde África en 1981. “El silencio administrativo nos indica que no hay interés en recibirlos”, ha reconocido este lunes la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, en una rueda de prensa. Colombia, entonces, recurrirá a la eutanasia para frenar la expansión de esta especie invasora, de la cual se calcula que hay unos 160 ejemplares en el país sudamericano. “Sin esa acción es imposible controlar la población. Las estimaciones indican que a 2030 tendríamos al menos 500 hipopótamos afectando nuestros ecosistemas, afectando nuestras especies nativas, como el manatí y la tortuga de río”, ha subrayado la ministra.
La historia de los hipopótamos colombianos empezó en la Hacienda Nápoles, a 150 kilómetros de Medellín, donde Escobar montó un zoológico privado con rinocerontes, elefantes y otros animales comprados en el mercado ilegal internacional. Las tres hembras y el macho originales comenzaron a reproducirse en un clima propicio y en un entorno sin depredadores que los amenazaran. Con el tiempo, sus descendientes tomaron el río Magdalena, el más grande del país, y se expandieron por Antioquia y los departamentos vecinos de Santander y Bolívar. Se volvieron habituales las noticias de campesinos que se los encontraban en las carreteras y que, en algunos casos, fueron víctimas de ataques.
Los hipopótamos, que pueden pesar hasta tres toneladas y consumir 70 kilos de pasto por día, generan todo tipo de afectaciones en el ecosistema del Magdalena medio. La descomposición de sus desechos en los pozos y ríos en los que pasan gran parte del día produce bacterias, que a su vez liberan dióxido de carbono y limitan el oxígeno que necesitan las demás especies. Cuando se mueven en tierra, también afectan los suelos: trasladan minerales, dejan sin alimento a otros animales y destruyen cultivos. La ministra Vélez ha sido enfática este lunes en que la prioridad de Colombia debe ser proteger a los nativos. “Es en responsabilidad con nuestros ecosistemas que tenemos que tomar estas acciones”, ha resaltado.
En la última década, los debates de la comunidad académica y la cobertura periodística de incidentes con comunidades locales han producido una mayor conciencia sobre la necesidad de frenar la reproducción descontrolada, sobre todo ante proyecciones que indican que habrá 1.000 ejemplares en 2035 si no se hace nada al respecto. Sin embargo, hay desacuerdos sobre cómo hacerlo. Sectores animalistas y progresistas han cuestionado que se recurra a la caza o eutanasia, como sugieren los científicos. Activistas y políticos de estos sectores han pedido que se opte por la captura y esterilización quirúrgica o el traslado a santuarios en otros países.
El problema es que estas otras opciones son demasiado costosas o poco eficientes. Las esterilizaciones requieren de cirugías que son difíciles de practicar en animales tan grandes y de los cuales es difícil determinar el sexo antes de los procedimientos. Las pocas intervenciones que se han hecho palidecen ante una reproducción que ocurre a una mayor velocidad. Asimismo, recurrir a los confinamientos en espacios delimitados no solo es costoso por la infraestructura, sino que también es posible que los animales se escapen o se agredan entre ellos al estar hacinados. El traslado a otros países es aún más complicado: requiere de permisos que son difíciles de conseguir, sobre todo para una especie en riesgo de extinción en África y que también puede dañar los ecosistemas de acogida.
El Gobierno de Gustavo Petro planteó una solución intermedia en 2024, luego de décadas de avances muy limitados. Propuso un “plan para el manejo” que integraría las tres vías ya mencionadas y, “como último recurso”, la eutanasia, también conocida en el área como la caza de control. Este lunes, la ministra Vélez ha reducido las opciones a solo “dos caminos”: la translocación, que requiere de la esterilización, y la eutanasia. Ha explicado, además, que Colombia mantuvo diálogos infructuosos con siete países para trasladar a los hipopótamos. Las razones oficiales que ha dado el Ministerio para explicar los rechazos son variadas: desde la decisión de un zoológico de Filipinas de desistir por los costos elevados de transporte hasta la negativa de la autoridad ambiental de México a dar la autorización necesaria por “legislación interna que prohíbe la importación de especies exóticas invasoras”.
El Ministerio ha anunciado la inversión de 7.200 millones de pesos (unos dos millones de dólares) para aplicar la eutanasia a unos 80 ejemplares a partir del segundo semestre de este año. Se priorizará una opción química: primero sedar a los animales y luego suministrarles un medicamento hasta que mueran. En caso de que no sea posible, se optará por “la eutanasia física”, en referencia a la caza con balas especiales que logren atravesar los huesos y músculos de los hipopótamos. El Gobierno ha asegurado que el protocolo cumplirá con “altos estándares sanitarios que garantizan el bienestar del animal en su disposición final”.
Entre el optimismo y el rechazo
El biólogo y paleontólogo Jorge Moreno Bernal es uno de los académicos que celebra el anuncio de este lunes. “Cuando se hablaba de enviarlos a santuarios, era una maniobra publicitaria. No era factible que se otorgaran los permisos”, comenta en una conversación teléfonica en la que también señala que las esterilizaciones que se llevan a cabo desde hace años “no le hacen ni cosquillas al crecimiento poblacional”. Para Bernal, ha sido clave en la decisión que, desde 2020, la comunidad científica haya estado “más involucrada” en comunicar ante la opinión pública los problemas ambientales que producen los hipopótamos. Enfatiza que “el cambio de percepción del público” ha elevado la presión sobre el Gobierno para avanzar finalmente en una decisión “más técnica”.
El biólogo Germán Jiménez, profesor en Manejo y Conservación de Fauna Silvestre en la Universidad Javeriana de Bogotá, es más escéptico. “Es un tema que va por oleadas. Cuando hay presión mediática, los gobiernos sienten que tiene que dar una solución. Pero luego no pasa nada y se olvidan de los compromisos anteriores”, evalúa en una llamada. Señala que el costo político aún es alto y considera que la Administración de Petro solo “le está lanzando la papa caliente” al próximo Gobierno, que iniciará en agosto de este año, cuando está previsto que comiencen los procedimientos de eutanasia. “Es un proceso complejo, que requiere equipos muy bien entrenados. ¿Quién va asumir los costos?”, cuestiona. Comenta, además, que hay que buscar alternativas económicas para comunidades que viven de las actividades turísticas que han surgido alrededor de los hipopótamos y de su origen vinculado a Escobar.
Los dos expertos coinciden en defender el uso del concepto de eutanasia, pese a que no hay un consentimiento como en el caso de los seres humanos. “Es un término que existe desde hace tiempo en el manejo de la fauna silvestre, no se inventó ahora. Se refiere a un manejo que respete lo más posible la vida de ese animal. Hay que practicarlo, porque es necesario, pero hay que hacerlo en las mejores condiciones posibles para no generar un trauma mayor”, subraya Jiménez, que pide priorizar los criterios técnicos y la evidencia científica por encima de “los sentimentalismos”. Algo similar opina Bernal, doctorando en la Universidad del Norte: “Es distinto al toreo o a las peleas de gallos, que torturan al animal por diversión. La idea es que no sea doloroso y que sea rápido para minimizar el sufrimiento”.
Los sectores animalistas han rechazado el anuncio del Ejecutivo. “¡Decisión facilista y cruel! Jamás apoyaré la matanza de criaturas saludables; menos aún si son víctimas de la irresponsabilidad, la negligencia, la indolencia y la corrupción estatal”, ha escrito en X la senadora Andrea Padilla, que ha insistido en que el Gobierno debe avanzar con los traslados a otros países y las esterilizaciones quirúrgicas. “El costo económico no puede ser un criterio (…). Las matanzas, las masacres, jamás serán soluciones aceptables”, ha agregado. Los hipopótamos de Escobar, una vez más, han quedado en el medio de una polémica que no parece tener fin. Aunque el Gobierno de Petro ha decidido avanzar en la eutanasia después de más de 40 años, nada garantiza que la decisión política se mantenga con la llegada de un nuevo presidente en agosto.
