El ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, volvió a enviar una serie de cartas manuscritas a un tribunal en Brooklyn este martes, en las que insiste sobre su inocencia, cuestiona nuevamente la legalidad de su extradición a Estados Unidos y solicita ser trasladado de regreso a México.
Las misivas, nuevamente enviadas Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, fechadas entre el 7 y el 9 de mayo, fueron redactadas en un inglés confuso y forman parte de la reiterada ofensiva legal emprendida por el ex capo desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, conocida como el “Alcatraz de las Rocosas”, donde cumple cadena perpetua tras ser condenado en 2019 por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego.
En una de las nuevas cartas, El Chapo asegura: “Soy un ciudadano inocente de México al que se le han violado los derechos de política exterior conforme a las leyes de Estados Unidos”. En otra, sostiene que su extradición en enero de 2017 fue “completamente ilegal” y argumenta que tanto México como Estados Unidos incurrieron en violaciones al debido proceso.
En semanas recientes ha remitido múltiples escritos al juez federal Brian Cogan, quien previamente desestimó varias de sus solicitudes al considerarlas carentes de sustento jurídico. Pese a ello, Guzmán Loera mantiene una campaña epistolar con la que busca revertir su condena o mejorar sus condiciones de reclusión, que ha descrito como “tortura psicológica”.
“Estoy solicitando al tribunal federal de distrito un regreso legal a mi país”, escribió Guzmán en otra de las cartas dirigidas a la corte de Brooklyn. Asimismo, pidió mayores derechos de visita para su esposa y sus hijas gemelas. “No me he fugado de ninguna prisión en los Estados Unidos de América y existe el riesgo de que mi solicitud sea negada bajo las leyes de fugitivos y las políticas legales de Estados Unidos”, argumentó el ex capo.
El Chapo también insiste en que durante su juicio “no hubo pruebas contundentes” y afirma que las autoridades judiciales actuaron bajo una “política de abuso judicial”. En los documentos pide que se revise de nuevo su caso bajo la llamada Ley First Step, aprobada en 2018 durante el primer mandato del presidente Donald Trump y orientada, entre otras cosas, a modificar ciertos criterios penitenciarios y de liberación.
