Fortalecer la cultura del agua y promover el cumplimiento de la normativa vigente son elementos fundamentales para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, particularmente en contextos donde persisten prácticas de consumo inadecuadas y falta de información en la población, señaló la doctora Violeta Méndezcarlo Silva, profesora investigadora de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) e integrante del área jurídica del Grupo Universitario del Agua.
La académica explicó que, a partir de estudios realizados en la zona metropolitana de San Luis Potosí, se ha buscado identificar el nivel de conocimiento y las prácticas de consumo del recurso hídrico entre la población. “Lo que nosotros quisimos hacer es determinar el nivel de información y cultura de consumo de agua en la zona metropolitana”, indicó.
Asimismo, destacó que el análisis incluye la percepción social del riesgo ante la presencia de contaminantes como flúor y arsénico. “¿Cómo es que la población percibe ese nivel de riesgo y cómo se comporta ante este nivel de riesgo?”, cuestionó, al subrayar la relevancia de estos factores en la toma de decisiones cotidianas.
Entre los principales hallazgos, advirtió que, además de la problemática en la calidad del agua, existe una limitada difusión de información y una cultura de uso inadecuada. “Se ha demostrado que existe una mala calidad del agua, pero también hay poca información sobre esa calidad”, puntualizó.
En este sentido, subrayó la importancia de avanzar hacia un enfoque de corresponsabilidad. “Una de las perspectivas fundamentales es la corresponsabilidad que debe existir entre el sector social, económico y gubernamental para satisfacer el derecho humano al agua y al saneamiento”, expresó.
La investigadora también llamó a replantear la visión sobre este derecho. “Se considera en muchas ocasiones que se satisface solo con el abastecimiento, pero ¿a qué precio?”, cuestionó, al advertir que esta perspectiva ha derivado en afectaciones a la salud, especialmente en grupos vulnerables.
A través de más de mil 500 encuestas aplicadas en la zona metropolitana, se detectaron conductas de riesgo en el consumo doméstico. “Encontramos que hay hogares donde se realizan hasta dos o tres conductas de riesgo, como beber agua de la llave, utilizarla para preparar alimentos o desinfectar productos sin tratamiento adecuado”, dijo.
Estas prácticas, añadió, se sustentan en creencias erróneas. “Se dice que hervir el agua o usar filtros elimina los contaminantes, pero ninguno de estos es cierto en el caso del flúor y el arsénico”, aclaró.
El análisis también permitió ubicar zonas prioritarias de atención, donde se concentra mayor desinformación y exposición. “Hay colonias donde definitivamente es necesaria y urgente una intervención para mejorar la cultura del consumo del agua”, señaló.
Méndezcarlo Silva enfatizó que el derecho humano al agua implica no solo disponibilidad, sino también calidad, lo que conlleva obligaciones para el Estado. “Implica agua no solamente suficiente, sino también salubre”, afirmó, al tiempo que subrayó que los resultados del estudio permitirán llevar a cabo acciones comunitarias, reformas normativas y estrategias de intervención multidisciplinaria.
