Este lunes en la mañana, un día después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, planteara por primera vez que Estados Unidos quiere influir en las elecciones mexicanas de 2027 a través de las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y parte de su gabinete de colaborar con narcotraficantes; el primero de los acusados, el general Gerardo Mérida Sánchez, tendrá su audiencia inicial en un juzgado de Nueva York. El militar retirado, secretario de Seguridad del Estado mexicano de Sinaloa de 2023 a 2024, se entregó a las autoridades de Estados Unidos a principios de mayo y se ha declarado no culpable de los cargos que lo asocian con el Cartel de Sinaloa para encubrir sus negocios y crímenes a cambio de grandes cantidades periódicas de dinero.
Mérida Sánchez, en un movimiento nunca visto en la historia moderna de la relación entre los dos países, cruzó la frontera el 11 de mayo y comenzó un camino en dirección contraria a lo esperado y defendido por el Gobierno de México, que en boca de su presidenta ha reclamado, día sí y día también, que haya una carga de prueba adecuada a la gravedad de la acusación. Además de Rocha Moya y Mérida Sánchez, hay otros ocho acusados, siendo los de mayor perfil político el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y el empresario y secretario de Finanzas de Rocha Moya, Enrique Díaz Vega. Éste último, supuestamente, también se habría entregado, pero de momento no aparece en los registros judiciales.
La acusación contra Rocha Moya y el resto de implicados ha dado oxígeno a la oposición en México, que ha vuelto a la carga con la narrativa de que la Administración central de Morena protege a los cárteles de la droga a cambio de dinero y victorias electorales. También parece haber quitado puntos de popularidad a Sheinbaum, que, de acuerdo a la última encuesta de Enkoll realizada para EL PAÍS y W Radio, sus niveles de aprobación han bajado en un mes de 75 a 68%, la caída más pronunciada desde que asumió el cargo hace ya un año y medio.
En este contexto, la presidenta de México ha elevado el tono de su discurso público a un nivel inédito. Durante la celebración de un mitin proselitista para conmemorar que hace dos años ganó las elecciones, ha tildado la solicitud urgente de entrega de Rocha Moya y los otros funcionarios mexicanos de “hecho sin precedentes” y ha cuestionado el interés de Estados Unidos. “¿Acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país?“, ha preguntado. En estos comicios intermedios, que se celebran en un año, se disputan cerca de 3.000 cargos locales y federales, incluidas las gobernaturas de 17 Estados.
En el caso particular del general Mérida Sánchez, se le acusa de haber recibido sobornos mensuales en efectivo de más de 100.000 dólares por parte de los Chapitos, el grupo dentro del Cartel de Sinaloa comandado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. A cambio, el general no interfería en sus operaciones de tráfico de drogas, avisaba si venían redadas u operativos y evitaba arrestar a los criminales vinculados con esa facción. Es público que dos de sus líderes son testigos colaboradores, una figura controvertida de la justicia estadounidense que básicamente son acusados que cooperan con las autoridades judiciales dando información clave sobre sus organizaciones y compinches a cambio de beneficios legales como reducciones de condena o reubicaciones familiares.
Aunque Mérida Sánchez se haya declarado no culpable, su entrega voluntaria a las autoridades abre la posibilidad de que se plantee colaborar con la justicia aportando información no solo sobre sus años en Sinaloa, sino también de sus anteriores cargos. Estos incluyen trabajos de inteligencia en el extinto Estado Mayor presidencial, como la comandancia en Tamaulipas y Michoacán, ambos Estados por una presencia notable del crimen organizado.
