Estados Unidos ha ejercido durante meses una fuerte presión sobre el Gobierno de Claudia Sheinbaum con el ariete de la supuesta lucha contra los narcopolíticos, funcionarios que presuntamente ayudan a los carteles y contribuyen al trasiego de drogas. Hace exactamente 60 días, la Administración de Donald Trump lanzó una acusación formal contra una decena de funcionarios vinculados a Morena, el partido oficialista, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Desde entonces, medios de EE UU, citando fuentes anónimas de ese país y de México, han incluido en una supuesta lista de objetivos a otros mandatarios morenistas, como los de Sonora, Tamaulipas y Baja California, todos Estados fronterizos, sin que estas versiones se hayan confirmado oficialmente desde Washington.
Este fin de semana, nuevas publicaciones desde EE UU aseguran que políticos del oficialismo actúan como informantes en ese país buscando expiar culpas. Mientras los políticos acusados de México lo niegan, la presidenta Sheinbaum señala a Estados Unidos por emprender maniobras injerencistas con el objetivo de desestabilizar al movimiento político que encabeza. Los señalamientos comienzan a generar preocupación dentro del oficialismo y han despertado las sospechas sobre algunas figuras que podrían tener tales acercamientos con Washington, según fuentes federales consultadas por EL PAÍS.
Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública, de manera inusual, la acusación contra el gobernador Rocha y varios miembros de la Administración estatal por presunta colaboración con el Cartel de Sinaloa, México replicó con firmeza que no había pruebas sólidas que respaldaran el señalamiento y que, por lo tanto, no actuaría sin mediar una investigación propia a cargo de la Fiscalía. Washington había exigido la detención urgente con fines de extradición del mandatario morenista y sus colaboradores, pero México dijo que esperaría a que EE UU enviase evidencias convincentes de los cargos contra el gobernador, que van de la asociación delictuosa para traficar drogas a la posesión de armas de grueso calibre. A la fecha, ninguna autoridad de ambos países ha informado de si Washington ha cumplido con las exigencias de México. Este diario ha consultado a voceros de la Cancillería mexicana y la Embajada estadounidense sobre el tema, pero no se pronunciaron al respecto.
La presidenta Sheinbaum instruyó desde entonces a los funcionarios de Morena, desde legisladores federales hasta gobernadores, a cerrar filas en torno a la defensa de la soberanía frente a los embates del extranjero. No era un asunto baladí para el oficialismo, que veía serias intenciones de parte de Trump de usar a México como parte de su tablero de ajedrez regional de expansionismo. Sheinbaum acusó que EE UU pretendía meterse en las elecciones intermedias de 2027 y especuló sobre una alianza entre la oposición mexicana y la ultraderecha internacional. El avance de Trump motivó también la reaparición en escena del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se había retirado de la política tras concluir su sexenio. El exmandatario, mentor de Sheinbaum, dijo abiertamente que los movimientos de Washington tenían por objeto debilitar al movimiento que fundó, Morena, y fortalecer a la derecha mexicana para que EE UU volviera “a disponer de un gobierno entreguista” en México.
Estados Unidos, lejos de recular, elevó la apuesta. Varios funcionarios del Gabinete de Trump hicieron declaraciones públicas en las que amenazaban con incursiones en el territorio de su vecino para atacar directamente a los carteles del narcotráfico. El mismo mandatario estadounidense amenazó, en mayo, con pasar a ofensivas terrestres contra los carteles, luego de ensalzar los ataques dirigidos contra embarcaciones a las que Washington acusa, sin pruebas, de traficar drogas. “Si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, dijo Trump. Además, durante una comparecencia en la Cámara de Representantes, el secretario de Defensa de EE UU, Pete Hegseth, pidió a México actuar contra los carteles para que su país “no tenga que hacerlo”. Estos amagos se cruzan e incluso chocan con posicionamientos de otros funcionarios estadounidenses que, al mismo tiempo, reconocen la enorme cooperación que ha obtenido Washington en la era del Gobierno de Sheinbaum en materia de seguridad.
Con el asunto de la injerencia como telón de fondo, atizado por el descubrimiento de que agentes de la CIA cumplían labores de seguridad en Chihuahua sin autorización del Gobierno federal, medios de EE UU y México han publicado señalamientos contra más políticos del oficialismo. En la primera línea de las acusaciones están los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal. El primer golpe vino con la revelación, en Los Angeles Times, de que Washington había cancelado los visados de ambos mandatarios, insinuando que estaban bajo investigación por presuntos nexos con el narco. La publicación apuntaba que Villarreal seguía cruzando a EE UU con un permiso especial reservado a quienes cooperan como informantes en ese país. Durazo y Villarreal negaron la cancelación de sus visas, estar involucrados en alguna investigación y trabajar como informantes.
En una nueva edición, The New York Times publicó este fin de semana que una decena de políticos de Morena colaboran con autoridades de EE UU como informantes “contra otros integrantes del partido”, buscando “adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos”. Esto, anticipa el medio, podría derivar en una “cascada de testigos protegidos y acusaciones” que “podría debilitar” a Morena. El diario reitera que tanto Durazo como Villarreal son objeto de investigación por parte de Estados Unidos por presunta corrupción. Los dos gobernadores negaron de nueva cuenta los señalamientos y criticaron la publicación del reportaje sin aportar evidencias verificables. La presidenta Sheinbaum también cuestionó al NYT, dijo que su Gobierno no tiene conocimiento de que haya esa supuesta colaboración ni a razón de qué. “Primero, no sabemos si es cierto. No tenemos ninguna información de que alguien esté cooperando con el Gobierno de Estados Unidos. Además, ¿informando sobre qué?”, dijo la mandataria.
En la ecuación entra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, cuya visa fue revocada hace un año y de quien recientemente se filtró una conversación telefónica que delata un acercamiento suyo con funcionarios de EE UU. La mandataria morenista confirmó las conversaciones, pero aseguró que versaron sobre la manera de recuperar su visado, que se le canceló sin que quedaran claros los motivos. Una fuente federal ha indicado a este diario que los señalamientos de EE UU sobre narcopolíticos mexicanos no se han abordado de manera formal en reuniones del Gabinete de Seguridad, reforzando la noción de que el Ejecutivo de Sheinbaum no da crédito a las filtraciones a la prensa. Sin embargo, la fuente señala que en los corrillos del oficialismo se comienzan a barajar nombres de morenistas que razonablemente podrían fungir como informantes de Washington; entre ellos, asegura, se ha mencionado a la gobernadora de Baja California.
